El Colectivo Harimaguada interviene en el pleno del ayuntamiento de La Laguna

Publicado 19 febrero, 2010 at 9:32 pm

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Mary Carmen Bolaños, miembro del Colectivo Harimaguada, interviene el 17 de diciembre,  en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna para  transmitir a las y los representantes de este Municipio,  la importancia del reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres como derecho humano básico, la importancia del derecho a llegar a este mundo siendo deseado y teniendo aseguradas condiciones dignas para vivir y por último, para proponer algunas de las políticas básicas que considera imprescindible  para prevenir los embarazos no deseados y  para bajar las cifras de aborto. Después de su intervención se votó. Los representantes del PSOE y tres de CC, votaron favorablemente a estas propuestas, el resto de CC y los concejales del PP, votaron en contra, siendo estos últimos mayoría.  A continuación exponemos la totalidad de  su intervención.

Tomo la palabra en este Pleno como cofundadora del Colectivo Harimaguada, colectivo con más de 30 años de experiencia, especializado en educación y atención afectiva y sexual y reconocido por su labor en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Desde hace varios meses venimos desarrollando la Campaña En defensa de una vida deseada, digna y saludable. En esta Campaña, hemos realizado diversas actividades en las que  hemos debatido y difundido nuestra posición crítica ante la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la IVE, que hoy ha aprobado el Congreso, para seguir su tramitación al Senado. Esta posición ha quedado plasmada en un manifiesto apoyado ya por más de cincuenta colectivos sociales de Canarias, y que pueden consultar en nuestra página web.

Hoy, hemos querido estar presente en este Pleno para, en los 15 minutos que nos conceden, poner a su servicio la experiencia que hemos ido acumulando en tanto años de trabajo. Intentaremos transmitirles la importancia del reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres como derecho humano básico, la importancia del derecho a llegar a este mundo siendo deseado y teniendo aseguradas condiciones dignas para vivir y esbozaremos algunas de las políticas básicas que consideramos imprescindible poner en marcha para prevenir los embarazos no deseados, para bajar las cifras de aborto.

También venimos a intentar que valoren la responsabilidad que como cargos públicos tienen en la defensa y logro del derecho a una vida deseada, digna y saludable.

Por ello, les pedimos encarecidamente que, por favor, nos escuchen atentamente.

Hace más de 30 años reivindicábamos el derecho al aborto.  En el Estado español, el aborto -como ustedes saben- estaba penalizado en el Código Penal franquista, salvo la eximente  hipócrita que consideraba que cuando el aborto se había provocado para salvar el honor familiar no era tan aborto como si no hubiera sido por ello.

Y desde hace ya 24 años, desde la despenalización parcial del aborto a través de los tres supuestos conocidos, hemos estado denunciando la ambigüedad y escasa protección que esta regulación ha ofrecido, tanto a las mujeres como a los profesionales, la no regulación de la objeción de conciencia, la casi nula asistencia en la sanidad publica, las diferencias territoriales, etc.

Hemos denunciado que en la actualidad sólo el 3 % de las IVE se realiza en la red sanitaria pública. Hemos denunciado las diferentes situaciones que se dan sobre la  financiación por parte de la sanidad pública de esos abortos, que se realizan en las clínicas privadas, en los diferentes territorios del estado español. No puede ser que las mujeres canarias nos encontremos entre las que sufrimos de las peores condiciones. No puede ser que bajo el supuesto derecho a la objeción de los profesionales – que curiosamente aparece en muchas ocasiones en su actuación en la red pública y desaparece la red privada- se vulnere el derecho de la mujer a ser atendida en un centro sanitario público.

Desde 1985 ha habido importantes avances en nuestra sociedad en relación con el reconocimiento de derechos. No se puede esperar más para aceptar queuna mujer que decide abortar ha tomado una decisión sopesada, una decisión muy seria, que ninguna mujer toma con frivolidad. No se puede esperar más para reconocer que una mujer que decide interrumpir un embarazo pasa por un proceso íntimo y personal, que requiere  respeto, protección legal eficaz y cuidados sanitarios. En estos momentos está en juego la posibilidad de garantizar estas condiciones. Para ello se requiere que el aborto salga del código penal, salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer, requiere la aprobación de una ley progresista para todas las mujeres, que parta de reconocer nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, pero tamben es imprescindible el desarrollo posterior de medidas de apoyo que hagan realidad esa ley.

Por todo ello, Sr. Alcalde, sres. Concejales, sras. Concejalas, hoy les pedimos que apoyen una moción que avance en la defensa de una vida deseada, digna y saludable.

Actúen con honestidad. No caigan en el falso debate sobre aborto sí o aborto no. Esa decisión sólo debe planteársela la mujer que se encuentre ante la posibilidad de continuar adelante o no con un embarazo, y lo hará desde sus circunstancias y sus principios éticos. Y ha de poder hacerlo, sin coacciones de ningún tipo y con condiciones de seguridad.

El debate real que desde nuestra modesta opinión, se deben plantear es, desde mi cargo público, cómo voy a contribuir a respetar el derecho a decidir de las mujeres, desde mi cargo público cómo voy a contribuir a que los embarazos no deseados y por tanto los abortos disminuyan, desde mi cargo público cómo voy a posibilitar que si una mujer se encuentra en la necesidad de practicarse un aborto lo pueda hacer en las mejores condiciones para su salud.

Los embarazos no deseados y los abortos existen, y precisamente en Canarias constituyen un problema de salud pública, que ha aumentado en las jóvenes de forma preocupante en la última década.

El aborto ha tenido una larga historia de prohibición y de práctica. En el Estado español tenemos un largo recorrido histórico en este tema. La experiencia de hace ya más de 30 años nos recuerda que, con la ilegalización del aborto, el número de interrupciones de embarazos que barajaba entonces -en la época franquista- el fiscal del Estado eran de unos 300.000 abortos al año y unas 3.000 mujeres muertas por abortar. Ahora, eso sí, existían dos tipos diferenciados de mujeres, aquellas a las que su situación económica les permitía viajar a países como Holanda e Inglaterra, donde la legislación garantizaba la asistencia a un aborto seguro, y el resto de mujeres que sufrían abortos clandestinos con consecuencias muy graves de mortalidad y frecuentemente con pena de cárcel.

Muy al contrario, los países donde se han desarrollado programas respetuosos de los derechos sexuales y reproductivos que incluyen la legalización del aborto, tienen tasas mucho más bajas de aborto que las estimadas en países donde éste es ilegal.

Quisiera recordarles que el Consejo de Europa en la resolución 1607 (2008) reconoce que la ilegalización del aborto, no consigue reducir el número de abortos: conduce sobre todo a abortos clandestinos, más traumáticos, y contribuye al aumento de la mortalidad maternal y/o al desarrollo del “turismo del aborto”, una actividad costosa, que retrasa el momento del aborto y genera desigualdades sociales. Y que en esta misma Resolución el Consejo de Europa hizo pública el reconocimiento del aborto como un derecho, remarcando que la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo ha de ser respetada y que, los Gobiernos de los Estados Miembros, deben garantizar que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible y segura. En esta misma resolución se avisaba al Estado español sobre la inseguridad que provoca su actual legislación.

El derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos y de salud pública. El que haya más o menos abortos,  no depende de su legalización, sino de otras condiciones como la disponibilidad de servicios de anticoncepción, el acceso a una educación afectivo sexual adecuada para toda la población y la eliminación de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres.

Por todo ello, Sr. Alcalde, sres. Concejales, sras. Concejalas, les pedimos que apoyen una moción que avance en la defensa de una vida deseada, digna y saludable.

La decisión de ser madres o interrumpir un embarazo pertenece al ámbito personal, a la ética privada de cada mujer y no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral, ya que las mujeres tenemos derecho a que se nos respete nuestra autonomía, nuestra dignidad, nuestra libertad moral… derechos recogidos en nuestra constitución; y todas las personas tenemos derecho a venir al mundo siendo queridas y deseadas. Interrumpir un embarazo que no es deseado es asignarle un valor importante a la vida humana, es respetarla, asumiendo que la maternidad no es sólo un acto biológico; que la maternidad es, y debe ser, fruto de una decisión consciente, asumida, aceptada y deseada.

El derecho a la vida no es un derecho abstracto, se desarrolla vinculado a otros como el derecho al cuidado, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud y a la vida digna. El derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social.

Nos definimos como las más consecuentemente antiabortistas. Es decir, nos gustaría que ninguna mujer tuviera que abortar, nos gustaría que ninguna mujer se encontrara ante un embarazo no deseado. En consecuencia, estamos a favor del derecho al aborto como decisión libre y consciente de la mujer y también defendemos el apoyo a la mujer que libremente decide ser madre con políticas de conciliación familiar y social y el acceso a ayudas económicas.

Nos definimos como las más consecuentemente defensoras de la vida:

Por eso, defendemos los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos.

Por eso, defendemos el derecho de las mujeres a no arriesgar su vida ni su libertad por interrumpir un embarazo no planificado, no deseado.

Por eso, defendemos el derecho de las mujeres a no sufrir angustia y sufrimiento por una maternidad impuesta.

Por eso defendemos el derecho de las mujeres a no ser insultadas, perseguidas… por ejercer un derecho básico del ser humano.

Por eso defendemos el derecho a nacer siendo deseado y con posibilidades de ser atendido, educado y querido.

Nos definimos como las más consecuentemente defensoras de una vida deseada, digna y saludable. Y por eso, pedimos la despenalización, la legalización y la gratuidad del aborto y que se promuevan medidas eficaces para prevenir los embarazos no deseados; porque la legalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, pero sí obliga al estado a desarrollar políticas que permitan respetar la decisión de cada mujer, sin injerencias y en condiciones adecuadas, a incorporar y mantener servicios de calidad, que no pongan en riesgo la vida y la salud de mujeres y jóvenes que  atraviesan esa situación.

A partir de ahí,  y para asumir la dignidad humana, sólo procede seguir la propia conciencia en libertad, no mantener una servil dependencia, o una doble moral entre lo que se condena y lo que se hace, una hipócrita incoherencia.

Por todo ello, Sr. Alcalde, sres. Concejales, sras. Concejalas, les pedimos que apoyen una moción que avance en la defensa de una vida deseada, digna y saludable.

Y les requerimos que lo hagan en conciencia y con responsabilidad.

Estaremos de acuerdo en que todas las personas tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y todas las creencias son dignas de respeto. Pero hay una importante salvedad, y ésta se presenta cuando estas creencias quieren imponerse a las demás personas. Y estas imposiciones – mucho más cuando son falsas verdades defendidas por representantes públicos – corren el peligro de convertirse en injusticia cuando estigmatizan, condenan e insultan a miles de mujeres que se enfrentan a un problema de salud pública como son los embarazos no deseados, un problema educativo, sanitario, social… que en vez de disminuir, aumenta en nuestra sociedad, mientras muchos cargos públicos  no han hecho nada para afrontarlo.

Deben actuar en conciencia, sí, pero atendiendo al interés general de la sociedad, no a sus creencias e intereses particulares, que deben quedar para regir su propia vida personal y familiar.

Señor alcalde, señoras y señores concejales, quienes dirigen el destino de un pueblo no pueden hacerlo bajo la presión de ningún poder fáctico, no pueden actuar bajo el amparo de una sola moral que desconoce y oculta la realidad de las mujeres y sus derechos humanos básicos. El hecho de que una creencia moral sea defendida y justificada por un grupo de personas, no significa que sea razonable y asumible para la esfera pública de un estado plural y aconfesional.

El voto, la actuación en conciencia, debe implicar el inicio de un proceso responsable de necesario y obligatorio ajuste social para eliminar las múltiples deficiencias que rodean el ejercicio del derecho al aborto para las mujeres, el inicio de un proceso que acabe con la persecución a la que son sometidas las mujeres que se enfrentan a la posibilidad de interrumpir un embarazo. Si no es así, ese voto en conciencia no pasa de ser un fariseísmo moralista que se lava las manos y la conciencia. Lo verdaderamente cristiano –para quienes participen de esta moral- y ético es solidarizarse y acompañar a las mujeres que atraviesan estas situaciones, no impidiendo políticas públicas que podrían salvarlas.

A las Administraciones públicas, al Estado les compete la obligación de respetar, de no interferir y de proteger para impedir que terceras personas violen o intervengan en el ejercicio de este derecho. Y recalcamos el término derecho, no imposición: el derecho no obliga a nadie, pero quien legisla debe garantizar que quien decide abortar pueda hacerlo, excluyendo de las políticas públicas visiones confesionales que tratarían de imponer sus creencias incluso a aquellas personas que no comparten dichas convicciones.

Y ello posibilitaría a las mujeres el principio elemental de la ética –que coincide con la tradición teológica cristiana-: la posibilidad de recurrir a su propia conciencia, para tomar decisiones éticas desde el contexto personal, familiar y social, y desde la responsabilidad frente a las consecuencias que dicha decisión conlleva.

Por todo ello, Sr. Alcalde, sres. Concejales, sras. Concejalas, les pedimos que apoyen una moción que avance en la defensa de una vida deseada, digna y saludable.

Defendemos los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Y ello conlleva el desarrollo de una serie de prestaciones que, tanto a nivel estatal, como en nuestra comunidad canaria, se han considerado secundarias y que han conllevado a que los embarazos no deseados, abortos, infecciones de transmisión sexual, Sida, abusos sexuales, experiencias dolorosas…, soledad, sean evidentes problemas en nuestra sociedad. Estas son las consecuencias de la falta de una educación afectivo sexual integral, cuya existencia debería hacer competente a la población para que viviera sus relaciones interpersonales de forma sana, satisfactoria y responsable,  y de la existencia de dificultades en el acceso a las medidas de prevención, tanto a los métodos como a los servicios.

Si no existe -porque no existe en la práctica- el derecho a la información, formación y atención en los derechos sexuales y reproductivos, no nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando el Ministerio de Sanidad publica el número de abortos realizados cada año.

Urge el cambio de la ley, ya es muy alto el coste que están pagando mujeres y profesionales por mantener la actual normativa. Pero junto con ello hay que abordar el problema de fondo: los motivos por los que se producen embarazos no deseados. La nueva ley debe ir acompañada de políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Los informes realizados también dan datos evidentes sobre las carencias en esta materia respecto a las recomendaciones de organizaciones internacionales como la ONU y la OMS.

Es evidente que “algo está fallando”. Y es que las políticas en Canarias en materia de educación y atención a la sexualidad son prácticamente inexistentes o simplemente erráticas. En la última década los diversos recursos y servicios puestos en marcha en la primera etapa del Plan Canario de educación y atención a la sexualidad juvenil (años 1997-2000) se han ido desmantelando (consultas jóvenes, Programa de la Consejería de Educación, planes municipales, etc.), y los que resisten lo hacen gracias al empeño de un grupo de profesionales.

En nuestro municipio, en el año 2002, se suponía que como primer paso para la elaboración del Plan Municipal, se puso en marcha el Proyecto SexSer por el Colectivo Harimaguada, mediante convenio con este Ayuntamiento y se mantuvo durante 2003 y un mes del 2004. Este Proyecto contemplaba un Aula Joven con diferentes actividades de sensibilización y formación de jóvenes en diferentes puntos del municipio. Estamos hablando de un Proyecto del cual se beneficiaron directamente, en tan sólo dos años, unas 2.500 personas,  y de manera indirecta, un número muy superior. Baste decir que se repartieron en Institutos, Colectivos, cafeterías y bares…. 23.000 ejemplares del Boletín.

Pero, en febrero de 2004 este ayuntamiento dejó de apoyar económicamente el Proyecto Sex-Ser, bajo la excusa de “solucionar dificultades económicas” para la formalización de un  nuevo convenio. Según la Sra. Concejala de Juventud  no se renovaba el Convenio del proyecto SexSer porque estaban esperando directrices de la Dirección General de Juventud y del Cabildo que estaban poniendo en marcha un Plan Global.

En el año 2005, desde esta misma tribuna reclamamos que La Laguna necesitaba y demandaba un Plan serio y coherente de atención a la sexualidad. Le pedimos a la Señora alcaldesa que se preocupase de que éste fuera una realidad antes de que acabara su mandato, que las y los jóvenes que empezamos a proponer a este Ayuntamiento iniciativas en esta línea en el año 89, ya estábamos un poco maduritos. Pero, se fue, y nos dejó sin Plan. Y hoy hemos sabido, por fin, cuál es su posición con respecto a la ley del aborto: Ha votado en contra.  Y no ha presentado enmiendas que mejoraran esta ley.

Requerimos a la Sra. Alcaldesa, que instara a los miembros de su partido a que no dejaran morir el Plan Canario de Atención a la Sexualidad juvenil que tantas personas contribuimos a crear y que fue referencia obligada en todo el estado.  Pero, parece que ya hasta oficialmente no existe. En la práctica lo tenemos claro desde hace bastantes años. Es más, en las únicas acciones de la Dirección general de Juventud (TIS y Programa de EAS para jóvenes) los criterios de aprobación de estos proyectos son los cuantitativos: se valora no la calidad sino la cantidad (mayor nº de intervenciones y proyectos más baratos). Conociendo tan sólo la complejidad de la prevención de los e.nd., podemos deducir rápidamente el fracaso al que están abocadas estas acciones.

Le solicitamos que se preocupara de saber cómo estaba apoyando la Consejería de Educación a los profesionales de la educación de su municipio para incorporar la educación afectivo sexual en la práctica educativa, desde que eliminó el Programa Harimaguada de un plumazo, sin atreverse a dar ni siquiera una respuesta a la sociedad del por qué de esta decisión. La realidad es que desde el 2005 hasta ahora no sólo no ha habido apoyos a la educación afectivo sexual, sino que se han eliminado todos los apoyos a la educación en valores, y se han empeorado las condiciones para el desarrollo de una educación coeducadora, una educación de calidad en la escuela pública.

Le demandamos que se informase de cómo la Consejería de Sanidad estaba apoyando la Consulta Joven de La Laguna para que los jóvenes la consideren un recurso asequible. La realidad es que ésta ha cerrado sus puertas.

Invitamos a la Sra. Alcaldesa a que se informara sobre el uso que del teléfono de información sexual está haciendo la población de La Laguna. No sé si hoy alguien sabe de su existencia.

Le pedimos que investigara la realidad del Plan Insular de sexualidad Juvenil por el que estaba esperando, con qué presupuesto y recursos contaba. La realidad actual es que la valoración del I Plan Insular de atención a la sexualidad juvenil ha dejado evidencias de la inexistencia de un equipo formado, estable y coordinado que lo potencie y de personal para desarrollarlo, se ha concretado en una serie de acciones deslavazadas que no llegan a la población juvenil y que, desde luego, no responden a sus intereses, ha mostrado una fotografía con escasísimos servicios no adaptados en horarios ni medios a la población juvenil, con insuficiente presupuesto, sin coordinación y sin continuidad, un plan sin ningún tipo de relación con las Consejerías del Gobierno de Canarias que tienen competencias –que no acciones- en esta temática.

En resumen, ni en Canarias, ni en concreto en La Laguna, se están desarrollando muchas medidas educativas y asistenciales para preparar a la población para que asuma de forma satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado.

Mientras tanto, desde febrero de 2004 y hasta el momento presente, el Colectivo Harimaguada, ha continuado prestando, con bastantes dificultades, sin ningún apoyo institucional,  de manera gratuita, a profesionales, jóvenes, mujeres y población en general, los servicios de información y asesoramiento en su Centro de Documentación situado en el Centro Municipal de San Agustín, y lo seguirá haciendo mientras ustedes no nos lo impidan.

Perdonen nuestra ignorancia, pero todavía no hemos podido entender el por qué este Ayuntamiento, en lugar de potenciar este recurso, ha pretendido invisibilizarlo.

Para terminar, unas palabras no sólo desde la razón sino desde el corazón. Les aseguramos que si Vds. estuvieran en nuestro lugar y hubieran tenido durante tantos años la oportunidad de compartir procesos de educación y atención afectiva y sexual con niños y niñas, con jóvenes, con personas adultas y viejas, si hubieran tenido la oportunidad de atender –o simplemente escuchar- a las mujeres que pasan por el proceso –previo o posterior- a un aborto y creyeran en los principios de respeto, autonomía y humanidad, nos les quedaría ninguna duda sobre la necesidad de cambiar las cosas.

Estamos convencidas que si se implementan procesos de Educación y atención afectivo sexual entendidos como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados,  si esta educación y atención afectiva y sexual se desarrolla desde una concepción integral y de género, es decir,  basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, favoreciendo que las personas se formen para vivir sin riesgos y satisfactoriamente su sexualidad, que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación, en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad. Si esto se hace, las cifras de embarazos no deseados, y en consecuencia de abortos,  bajarán considerablemente.

Pero ello requiere tener voluntad política y dedicar muchos más recursos públicos a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y la actual política del gobierno no parece seguir este camino.

Por eso, hemos estado hoy aquí, porque, a pesar de los tiempos que corren, seguimos creyendo en una sociedad más libre, más justa e igualitaria, seguimos pensando que nuestra fuerza se halla en el mantenimiento de nuestros principios, en la defensa de nuestra dignidad y en la perseverancia en nuestros ideales, y sobre todo, somos conscientes que la riqueza de nuestro trabajo está en no perdernos en la individualidad, en no olvidar que el impulso que nos caracteriza emana de la coordinación y el apoyo mutuo.

Señor Alcalde, sres. y sras. Concejalas, la educación y atención afectiva y sexual es un derecho de todas las personas. Es urgente que se pongan a trabajar para que las políticas educativas, sanitarias y sociales sean algo más que planes sobre papel, y se materialicen en acciones reales, coordinadas, integrales y con garantías de continuidad.  Muchas personas se lo agradecerán, incluidas las que hoy se manifiestan en contra.

Muchas gracias por su atención.